En las últimas dos décadas los debates sobre seguridad transnacional y su impacto en Argentina han estado situados en la problemática del Norte de nuestro país, sobre todo el de la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, y en su capacidad de cobijar operaciones del narcotráfico y del terrorismo internacional. En el último lustro, el foco de atención se desplazó a Jujuy y Salta -con el proceso del creciente flujo de cocaína y otras sustancial ilícitas desde Perú y Bolivia-, a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires.
Considerado en origen como un problema nacional, el narcotráfico y su relación con el terrorismo se convirtió con el pasar del tiempo en un evento internacional, e ingresó en la agenda de prioridades de los países y en las negociaciones entre los gobiernos.
Es un tema que, por ejemplo, siempre estuvo a la cabeza de la agenda bilateral entre Argentina y los Estados Unidos. Incluso cuando Néstor Kirchner moderó y Cristina Fernández de Kirchner suspendió la colaboración con la potencia del norte, narcotráfico y narcoterrorismo permanecieron entre los escasos temas de conversación entre ambos países. Con la llegada de Macri a la Presidencia y la reciente visita de Obama a nuestro país este tema volvió al primer lugar de la agenda y se restablecieron los programas de cooperación e intercambio de información entre ambos gobiernos.
Años atrás nuestro país montó el denominado Escudo Norte con participación de las Fuerzas Armadas, y la problemática del ingreso de drogas prohibidas por la frontera del Norte argentino se concentró en la “radarización” del espacio aéreo. En este tema, a diferencia del resto del sector de la Defensa Nacional que aceleró su derrumbe en la última década, los gobiernos kirchneristas avanzaron y establecieron un acuerdo con la empresa INVAP de Río Negro para el desarrollo de innovadores radares de 3D que comenzaron a ser desplegados. No obstante, las investigaciones nacionales e internacionales sobre los flujos de este tipo de sustancias en la Argentina señalan que solo un 20 % o menos ingresa al país por aire, mientras que el resto lo hace por vía terrestre y fluvial.
Este debate no estuvo exento de perplejidades. Algunas fuentes de la actual gestión del Ministerio de Defensa sostienen que encontraron a los radares alineados y conformados como para permitir la apertura de amplios “pasillos ciegos”, de tal manera de favorecer el ingreso al país de cargamentos de sustancias prohibidas sin ser detectados.
La creciente presencia del narcotráfico en nuestro país es un fracaso de la democracia argentina, resultado que deberá revertir, porque el narcotráfico y el narcoterrorismo triunfan allí donde se debilitan las instituciones del Estado, a las que penetran y conquistan. México y Colombia son espejos en los que vamos a vernos reflejados en poco tiempo más si no encaramos en serio este asunto.
Sin embargo, algunos son más responsables que otros por esta situación. Por ejemplo, el justicialismo, con el traje del kirchnerismo, gobernó al mismo tiempo el país y la provincia de Buenos Aires en los últimos doce años, al igual que Salta y Jujuy. La provincia de Santa Fe, otro reducto del narcotráfico, viene siendo gobernada por los socialistas. Recientemente, se activó la causa judicial relativa al financiamiento de la campaña presidencial del kirchnerismo de 2007 con fondos de origen narco, es decir, nueve años después.
Por la información que disponemos, podemos afirmar que el gobierno de Cambiemos no ha encarado, todavía, la necesaria tarea de invertir en equipamiento de última generación para el control de la frontera Norte. La sub-ejecución es importante.
Por supuesto que este problema no ha sido causado por el presente gobierno; tampoco sería justo afirmar que lo haya consentido, habida cuenta de que asumió sus funciones hace tan solo siete meses.
Además, estamos frente a un fenómeno complejo, en el que también intervienen graves déficits institucionales que dejan traslucir una falta de política de Estado de los últimos gobiernos, como la ausencia de un sistema judicial capaz de intervenir con éxito, de personal con preparación y de unificación de la pluralidad de organismos responsables de batallar al narcotráfico que actúan cada uno por su cuenta y sin la necesaria cooperación.
Consultados diferentes funcionarios de primer nivel del Ministerio de Seguridad, las respuestas son múltiples. Por un lado señalan que la baja ejecución presupuestaria se debió a la no aprobación de fondos, y que esta situación se revertirá en los próximos años cuando la mejora de la situación económica del país permita disponer de recursos con tal fin. “Hay otras prioridades, como el ataque a la inflación y a la pobreza”, afirman.
Otros, sostienen que la conocida tirria que la Ministra Patricia Bullrich siente por el Secretario Eugenio Burzaco, paralizó al ministerio y, con ello, las solicitudes de compra de equipamiento que el subalterno le envió a su jefa, a las que ella no le habría dado curso.
Un ministro del gabinete nacional aporta una versión más amplia: “Mauricio confía en Patricia Bullrich porque la considera trabajadora y honesta, a pesar de que desconoce totalmente el tema de su área, y de los varios tropezones en su gestión … al poner como Ministra de Seguridad a una política, que a la vez es una generalista, y como segundo a Eugenio Burzaco, que es el que sabe de esto, el Presidente expresa que por ahora el tema de la seguridad y la lucha al narcotráfico no es prioritario”. “Mauricio le solicitó varias veces a Bullrich y a Burzaco que trabajen juntos sin internismo; una tarea que hasta ahora se manifestó difícil porque Patricia se corta sola, y Eugenio está molesto porque siente que no puede aportar lo que sabe”, concluyó nuestra fuente.
El interrogante que subsiste es si el gobierno del Presidente Macri tomará el desafío de encarar en serio la lucha al narcotráfico, más allá de los discursos, o repetirá la omisión de sus predecesores. Recordemos que esta fue una de las promesas de campaña del actual Presidente. Es una tarea difícil, que requiere de coraje, de recursos y de una nueva visión, y la implementación de muchas decisiones todas en la misma dirección.
Si, entre otras acciones, Macri unifica esta responsabilidad en un solo organismo y pone al frente a un funcionario que conozca del tema y tenga la fuerza y la disposición para avanzar, si invierte en equipamiento de última generación, si alienta la incorporación de recursos modernos, si otorga los fondos necesarios, si motiva la capacitación del personal, si logra comprometer a los gobernadores y a los intendentes, y si impulsa un procedimiento eficaz de colaboración con la justicia y las oficinas que generan información e inteligencia, el Presidente estará dando la señal de que va a dar batalla. Hasta ahora no lo ha hecho, pero en su entorno más íntimo dicen que lo hará.
Finalmente también hay novedades en la frontera Oeste de nuestro país, debido a un ascendente proceso pre-insurreccional que se viene registrando en el centro y sur de Chile. Una combinación de organizaciones radicalizadas de origen araucano-mapuche y de “caras pálidas”, provenientes de grupos de extrema izquierda, y de anarquistas, están generando situaciones de violencia que llevó al gobierno de centroizquierda chileno a declarar áreas de emergencia en el sur del país.
Además, informes internacionales alertan sobre el ingreso a nuestro país de drogas prohibidas provenientes de la cuenca del Pacífico, con destino final los mercados de Europa y Japón. Estas sustancias tendrían su origen en Perú y Colombia.
La oportuna intención del Presidencia Macri de dar pasos en dirección de la Alianza del Pacífico obliga a incorporar en la agenda el componente de la seguridad regional.