Por Ignacio Labaqui
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El próximo 4 de julio comenzará a sesionar la Convención Constituyente surgida de las elecciones del 15-16 de mayo pasados. El 18 de julio la coalición gobernante Chile Vamos y la alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio celebrarán elecciones primarias para elegir sus candidatos presidenciales para la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre de este año. Los demás partidos y alianzas partidarias deberán definir sus candidatos a más tardar el 23 de agosto.
Es decir, la campaña electoral tanto para la primera como para la muy probable segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre tendrá lugar en simultáneo con los primeros meses de trabajo de la Convención Constituyente. El sucesor de Sebastián Piñera asumirá bajo la Constitución de 1980 y dependiendo del resultado del plebiscito de salida de la Convención Constituyente -que deberá aprobar o rechazar el fruto de esta- previsto para junio-julio del año que viene, completará su mandato con otro texto constitucional, cuyo contenido es hoy una total incógnita.
Tanto la incertidumbre respecto de la convención constituyente como respecto de la carrera presidencial ha tenido un importante impacto sobre la percepción inversora sobre Chile. A ello debe sumarse la debilidad del presidente Sebastián Piñera, duramente golpeado por las protestas de octubre de 2019 y con niveles de desaprobación elevadísimos.
Las poderosas herramientas que la Constitución de 1980 otorga al titular del Poder Ejecutivo no han impedido que Chile funcionara en el curso del último año y medio como una suerte de parlamentarismo de facto. Los tres retiros anticipados de los Fondos de Pensión, aprobados con el apoyo de numerosos legisladores del oficialismo, o el aumento en las regalías mineras actualmente en trámite en el Senado chileno dan cuenta del fuerte debilitamiento de la institución presidencial a lo largo de los últimos dos años. Chile, visto no pocas veces como un modelo tanto en materia económica como de estabilidad política, enfrenta así un inédito período de volatilidad e incertidumbre política. Los próximos meses serán centrales para saber lo que le espera a Chile.
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Esperando a la Convención Constituyente
El 4 de julio se instalará la Convención Constituyente electa el 15 y 16 de mayo. Ésta dispondrá de 9 meses, prorrogables por otros 3, para redactar desde cero una nueva constitución que reemplace a la actualmente vigente. Cuestiones como el tipo de régimen democrático (presidencial o parlamentario), el alcance del derecho de propiedad, el tipo de estado (incluyendo el tema de la plurinacionalidad y el grado de descentralización político-administrativa), la autonomía del Banco Central, las potestades presidenciales, solo por mencionar algunos temas, serán parte de los debates constitucionales.
La Convención tiene origen en el Acuerdo por la Paz y la Constitución firmado en noviembre de 2019 por la coalición gobernante y por algunas fuerzas de oposición. Ese acuerdo dispuso la realización del referéndum constitucional realizado en octubre de 2020 y en el que cerca del 80% del electorado apoyó la propuesta de redactar una nueva constitución y hacerlo mediante una convención plenamente surgida del voto popular.
El acuerdo de 2019 estableció asimismo una mayoría de 2/3 para aprobar tanto las normas de funcionamiento, el reglamento de votación y la elección de autoridades de la Convención. La lógica detrás de la llamada ‘cláusula del consenso’ era proveer un reaseguro a la derecha, hasta entonces reacia a aceptar la idea de reemplazar la Constitución de 1980, redactada por la dictadura de Pinochet y ratificada en un polémico plebiscito en condiciones de escasa transparencia, por una surgida de una convención constituyente elegida popularmente. El supuesto detrás de la ‘regla del consenso’ era que la derecha obtendría al menos 1/3 de las bancas de la convención.
Ello no ocurrió. Las elecciones del 15/16 de mayo fueron un verdadero terremoto para el establishment partidario chileno. La alianza entre la coalición oficialista Chile Vamos y el ultraderechista Partido Republicano de José Antonio Kast, obtuvo tan solo 37 de los 155 escaños de la constituyente, quedando así unas 16 bancas por debajo del tercio necesario para contar con poder de veto en la Convención.
La Lista del Apruebo que nucleaba a los antiguos integrantes de la Concertación por la Democracia que gobernó Chile entre 1990 y 2010 (el Socialismo, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido por la Democracia) más algunos partidos menores obtuvo un magro resultado logrando el apoyo de un 15% de los votantes, por debajo de Apruebo Dignidad, la alianza entre el PC y el Frente Amplio (18,7% de los votos) y los independientes de la Lista del Pueblo (16,2%). La suma de los votos de Vamos Chile, Apruebo Dignidad y la Lista del Apruebo muestra que tan solo un 54% de los votantes optó por los partidos establecidos, en tanto que el resto prefirió apoyar a candidatos independientes, cuyas listas fueron la verdadera sorpresa de la elección. Ello y el elevado nivel de abstención (tan solo un 41,5% concurrió a votar) dan cuenta del descontento ciudadano con la oferta partidaria existente.
El saldo de las elecciones constituyentes es una Convención en la que nadie dispone de mayorías ni tampoco de capacidad de veto, lo cual plantea un interesante desafío a la hora de lograr el consenso de 2/3 exigido por el Acuerdo por la Paz y la Constitución, y que la Convención no puede desconocer. Un grupo de 34 constituyentes electos, principalmente provenientes de la Lista del Pueblo de y de algunos miembros de Apruebo Dignidad reclamó recientemente que la Convención se proclamase soberana y desconociera el acuerdo político que le dio origen. Este tipo de demandas tiene pocas chances de éxito. La misma disposición constitucional que dio origen a la Convención no solo es clara respecto de sus tareas, sino que establece un reaseguro: en caso de que la Convención intente apartarse del mandato que le fijó el Congreso, un cuarto de los constituyentes (39 bancas) puede recurrir a la Corte Suprema.
El funcionamiento de la Convención es de momento una incógnita. Hay quienes se muestran optimistas y consideran que, a pesar de las diferencias entre las diversas bancadas, la Convención logrará cumplir su tarea en tiempo y forma dando a Chile una nueva Constitución, estableciendo un nuevo pacto social que involucrará una mejor provisión de bienes públicos por parte del Estado y como contrapartida una atenuación del carácter subsidiario de la Constitución de 1980. Los más pesimistas por el contrario creen que en el mejor de los casos la Convención parirá lo que Patricio Navia ha denominado como ‘constitución árbol de Navidad’ en la que cada parte colocará aquello que le interesa que figure en el nuevo texto constitucional, dejándole al legislador la tarea de hacerlo efectivo.
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Una incierta carrera presidencial
La Convención comenzará a sesionar en simultáneo con la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de este año. El resultado de las elecciones para constituyente supuso un cimbronazo principalmente para la derecha y para la centroizquierda. En los días posteriores a las elecciones de mayo renunciaron a sus precandidaturas Heraldo Muñoz del Partido por la Democracia y Ximena Rincón de la DC. No solo eso, el Partido Socialista -la fuerza de mejor performance dentro de la lista del Apruebo- intentó junto al Partido por la Democracia acordar una primaria presidencial con la alianza del PC-Frente Amplio. La movida no solo provocó escozor entre los demás partidos de la Lista del Apruebo, sino que también fue rechazada por los comunistas y frente-amplistas, que nada quisieron saber con incorporar a la DC y a demás partidos a una gran primaria opositora.
El resultado de ello es que el próximo 18 de julio solo dos fuerzas celebrarán primarias presidenciales: la oficialista coalición Chile Vamos, (que incluye a Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente y Evolución Política) y la alianza PC-Frente Amplio. En la primaria oficialista compiten 4 candidatos, aunque el probable ganador será el ex alcalde de las Condes y dos veces candidato presidencial Joaquín Lavín (UDI). En tanto que Daniel Jadue (PC), alcalde de la comuna de Recoleta en Santiago, y Gabriel Boric (de Revolución Democrática, uno de los integrantes del Frente Amplio) disputarán la primaria de la izquierda. Todo indica que Jadue será el candidato del PC-FA.
Las demás fuerzas políticas tendrán hasta el 23 de agosto para registrar sus alianzas y candidatos presidenciales. La gran incógnita es si la centroizquierda de la Lista del Apruebo podrá reconstruirse y consagrar una candidatura presidencial unificada. En las últimas semanas la candidatura de la demócrata cristiana Yasna Provoste, presidenta del Senado, ha ido ganando fuerza. Provoste viene de negociar con el presidente Piñera la agenda de “Mínimos Comunes”, un conjunto de medidas que incluyen entre otros puntos una fuerte expansión del gasto social para amortiguar el impacto del Covid-19, y cuyo objeto es asegurar la gobernabilidad hasta el final del mandato del actual presidente, el próximo 11 de marzo. Más por necesidad que por afinidad, probablemente los ex integrantes de la Lista del Apruebo terminen confluyendo en una alianza con Provoste como candidata presidencial. Su figura ha subido fuertemente en las encuestas y es la única chance para la centroizquierda de lograr evitar un hasta ahora muy probable ballotage entre Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Pero acordar la candidatura de Provoste y la unidad de la centroizquierda requerirá que Paula Narváez, hasta hoy precandidata del Partido Socialista -y cuya intención de voto no alcanza el 5% de acuerdo a las encuestas- y Carlos Maldonado del Partido Radical, declinen sus candidaturas presidenciales.
Probablemente haya otros candidatos presidenciales en la primera vuelta. José Antonio Kast del Partido Republicano concurrirá por fuera de Chile Vamos. Y es de esperar que otras fuerzas menores también compitan. Queda la duda si los independientes de la Lista del Pueblo, de izquierda radicalizada, se constituirán como partido político para poder competir en noviembre.
Un elemento adicional que agrega incertidumbre es el regreso del voto obligatorio actualmente en discusión en el Congreso chileno. La baja participación en las elecciones constituyentes yace detrás de esta decisión. Desde la implantación del voto voluntario en 2012, solo en el plebiscito de octubre de 2020 la participación estuvo por encima del 50%.
El resultado de la elección presidencial probablemente incidirá sobre el funcionamiento de la Convención Constituyente, que a más tardar debe concluir su tarea para fines de junio del año que viene, tras lo cual la ciudadanía deberá ratificar o rechazar la nueva constitución a través de un plebiscito.
“Ojalá vivas en tiempos interesantes” reza una antigua maldición china. Todo indica que Chile está sufriéndola.