Algunos analistas han valorado de manera positiva la reciente renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, aduciendo que su alejamiento le facilitará a Alberto Fernández llegar a un pronto acuerdo con el FMI y definir un rumbo claro a su gobierno. Por el contrario, en nuestra opinión esta actitud del líder de la Cámpora muy probablemente generará mayores tensiones en la alianza de gobierno y en la conducción política y económica del país, debilitando más al presidente y consagrando la supremacía camporista y de la vicepresidente, pero con un fuerte efecto nocivo sobre el país.

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Informe estratégico sobre Argentina

Número 101 2 de febrero 2022

Las graves implicancias de la renuncia de Máximo Kirchner

Algunos analistas han valorado de manera positiva la reciente renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, aduciendo que su alejamiento le facilitará a Alberto Fernández llegar a un pronto acuerdo con el FMI y definir un rumbo claro a su gobierno. Por el contrario, en nuestra opinión esta actitud del líder de la Cámpora muy probablemente generará mayores tensiones en la alianza de gobierno y en la conducción política y económica del país, debilitando más al presidente y consagrando la supremacía camporista y de la vicepresidente, pero con un fuerte efecto nocivo sobre el país.

Por Matteo Goretti

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El argumento central que esgrimen los que ven con buenos ojos esta renuncia es que, de este modo, el presidente de la Nación se verá obligado a asumir el poder político y administrativo que le reserva la Constitución, que hasta ahora permanecía en manos de su jefa y electora, Cristina Fernández de Kirchner.

Tenemos un antecedente de rebelión kirchnerista que fue resuelto a favor de la vicepresidenta sin que la sangre llegara al río. Como se recordará, en septiembre del año pasado y como consecuencia de la derrota electoral del oficialismo, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y otros ministros que responden a la Sra. de Kirchner renunciaron a sus cargos para presionar al presidente a realizar cambios en el gabinete. El resultado es conocido: Alberto Fernández tuvo que desprenderse de la persona de su mayor confianza, Santiago Cafiero, que de jefe de Gabinete fue rebajado a Canciller. Concluida la operación, los kirchneristas renunciantes recuperaron, todos, sus funciones.

Este episodio mostró a las claras los dos elementos centrales de la dinámica de este gobierno y de la coalición que lo sostiene. Por un lado, el uso del chantaje público del accionista mayoritario cuando no hay acuerdo en cuestiones fundamentales en la coalición oficialista. Hasta la provocada renuncia de Cafiero, el veto y la consiguiente parálisis gubernamental debido al empate entre los socios había sido la regla utilizada en los casos de desacuerdo, afectando seriamente el rumbo de la gestión, pero sin provocar el quiebre de la alianza.

El segundo elemento característico es que la crisis del año pasado fue resuelta a costa de un mayor debilitamiento del presidente a manos de la vicepresidente. El origen de esta dinámica está, como se sabe, en el desdoblamiento de la persona que habiendo sido elegida para gobernar resignó en los hechos esa condición y la que posee el poder real; una grave disfunción institucional para un régimen presidencialista.

Al aplicar estas características del gobierno al escenario que se abrió con la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque oficialista en Diputados, notamos un cambio en la dinámica en el sentido de que el chantaje público como mecanismo para mantener o acrecentar el poder del kirchnerismo podría, a la postre, afectarlo, con consecuencias graves para la coalición que integra y el futuro del país.

En primer lugar, porque el tema que provocó la discordia-renuncia del hijo vicepresidencial (avanzar hacia un acuerdo con el FMI) será definitorio del rumbo electoral, político y económico de los próximos años. Trasciende a los realineamientos internos del oficialismo. En segundo lugar, porque el gobierno, al definir que deberá ser aprobado por el Congreso, necesitará de los votos de todos los integrantes de sus bloques en Senado y Diputados, incluyendo los kirchneristas, cuyo renunciado jefe parlamentario acaba de manifestarse en contra. En este contexto, no habría que esperar que la oposición concurra al salvataje de Alberto Fernández adhiriendo al convenio con el FMI, cuando parte del oficialismo le niegue su apoyo legislativo.

Como es posible prever, las dos opciones resultantes llevarían a una crisis de proporciones, tanto si el gobierno no lograse la ansiada aprobación legislativa del acuerdo con el FMI como si lo hiciese sin el apoyo de su socio mayoritario a costa del quiebre de su coalición.

Téngase en cuenta que Máximo Kirchner, a pesar de su renuncia como jefe de bloque, mantiene las funciones más relevantes desde el punto de vista de los recursos políticos, económicos y simbólicos: sigue como diputado, como líder de la Cámpora y como presidente del PJ bonaerense, territorio donde reside su poder, el de su organización y el de su madre. Esta composición podría llevarnos a concluir que el kirchnerismo estaría buscando con el chantaje público, una vez más, afectar el acotado ámbito de decisión presidencial a favor de la restauración plena del mandato de la vicepresidencia, incluyendo la supremacía de su paradigma ideológico que define al FMI como el principal enemigo del pueblo. También podría ser un recurso para obligar al presidente a incorporar a Cristina Kirchner en la negociación por al cuerdo a cambio de levantar su veto.

Es posible que esta rebelión kirchnerista esté reflejando la opinión de la vicepresidenta de que el acuerdo con el FMI fracasará al poco tiempo, como tantas veces en el pasado, o que el gobierno será derrotado en las elecciones presidenciales de 2023, como le sucedió a Mauricio Macri en 2019 por el ajuste en las cuentas públicas pactado con el organismo multilateral. Así, esta decisión de Cristina Kirchner sería una manera de anticiparse, de despegarse ante la crisis inevitable para no afectar seriamente sus chances electorales y mantener la capacidad de decidir el candidato para suceder al presidente Fernández.

Sin embargo, la dinámica que ha adquirido el proceso apunta a una crisis, sobre todo porque este episodio vuelve a interrogarnos sobre dónde reside el poder en relación con los desafíos centrales del gobierno. En otras palabras, porque para avanzar en las negociaciones con el FMI y firmar un acuerdo se requiere de liderazgo, autoridad y mayorías en el Congreso.

Un botón de muestra de lo que estamos diciendo lo acaba de ofrecer el diputado ultra K, Leopoldo Moreau, al afirmar que el kirchnerismo intentará reformar en el Congreso el acuerdo con el FMI, una definición política que terminó de bombardear la escasa credibilidad y autoridad del ministro de Economía, Martín Guzmán, en plena negociación con dicho organismo multilateral. Además, este anuncio kirchnerista es de cumplimiento imposible, porque supone que los contenidos de lo que apruebe el directorio del FMI con la Argentina podrán ser modificados posteriormente y de manera unilateral por el Congreso.

A pesar de que Alberto Fernández debe recorrer aún la segunda mitad de su mandato, a esta altura de los acontecimientos resulta posible aventurar cómo será recordado su gobierno: débil, carente de autonomía y dominado por la vicepresidenta, cruzado por la pandemia y el acuerdo con el FMI, sin reservas internacionales y con altísimos niveles de inflación y pobreza. Sin embargo, todavía es prematuro concluir si esta composición favorecerá el regreso de la coalición no kirchnerista al poder o si el peronismo se sucederá como en el pasado, con otra cara, a sí mismo.

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