En los países desarrollados comenzó a estructurarse un consenso respecto de la necesidad de una mayor transparencia y control del sistema financiero internacional. Concretamente, se busca poner bajo control a los “paraísos fiscales” por varios motivos, uno, la erosión de las bases tributarias (especialmente en la recaudación del impuesto a las ganancias) y dos, el fenómeno del terrorismo internacional y el narcotráfico que también se habían transformados en grandes clientes y usuarios de dichos servicios. Los paraísos fiscales, poco a poco, dejaron de ser solamente el refugio de los fondos de las clases adineradas de diversos países, para comenzar a funcionar como destino y guarda de grandes masas de dinero provenientes de actividades de narcotráfico y terrorismo.
La OCDE comenzó a alentar el intercambio de información tributaria (desde 2014) mediante un acuerdo global firmado por 100 países para intercambiar información sobre sus cuentas financieras. Estos nuevos intercambios permitirá establecer una red de países cooperantes que mediante las más modernas tecnologías informáticas, sumado a los conocimientos de los expertos en “data mining”, posibilitarán a las administraciones tributarias de los países firmantes conocer a los contribuyentes tienen cuentas en el exterior sin declarar en sus naciones de origen.
La legislación tributaria de la mayoría de los países capitalistas permite a las empresas y particulares tener fondos depositados en cuentas en el exterior; lo que es ilegal es no tenerlos declarados. Por ello, el intercambio informativo es un claro incentivo al blanqueo y a la declaración de las tenencias en el exterior de los contribuyentes de todos los países firmantes.
El punto de inicio del acuerdo es 2017 (ver listado de países más abajo) en el cual una primera tanda de países (incluyendo Argentina) comenzarán el intercambio. Posteriormente, en el 2018, se sumarán Austria, Suiza, Aruba y Uruguay, mientras que queda pendiente la inclusión de los Estados Unidos cuya administración aduce que tiene su propio modelo de intercambio de información tributaria, en el marco de la ley Fatca, que plantea exigentes condiciones para que otros países le suministren información, salvo en los casos en los que aceptó la cooperación bilateral.
Es probable que antes de 2017 los fondos que finalmente no se declaren huyan de los países en los que el convenio de intercambio de información comience a regir en 2018, hasta que en algún momento decidan si vuelven a sus países de origen o si se transfieren a los EE.UU.
En el caso de Uruguay (tradicionalmente considerado por muchos tributaristas argentinos como un paraíso fiscal), sus bancos fueron un primer refugio para los fondos que huían de Argentina; para ser transferidos luego a otros destinos. Diversos expertos calculan que cerca de dos tercios de los fondos residentes en aquel país serían de origen argentino.
A partir de 2018 será un juego peligroso esconder activos no declarados. Más allá de la OCDE, Estados Unidos está tomando una serie de medidas conducentes a favorecer la transparencia fiscal y obstaculizar el lavado de dinero, como el caso de los bancos que solicitan a sus clientes sus declaraciones juradas de tal manera de conocer si los fondos depositados están declarados en los países de residencia.
Algunos de los países que intercambiarán información fiscal.
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A partir de 2017:
Barbados
Bermudas
Islas Vírgenes Británicas
Islas Caimán
Curazao
Islas Feroe
Isla de Man
Montserrat
San Marino
Islas Seychelles
España
Trinidad y Tobago
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A partir de 2018:
Andorra
Antigua y Barbuda
Aruba
Austria
Bahrein
Belice
Brasil
Brunei
Chile
China
Isla Cook
Costa Rica
Granada
Hong Kong
Islas Marshall
República de Mauricio
San Vicente y las Granadinas
Arabia Saudita
Panamá
Saint Maarten
Suiza
Turquía
Emiratos Arabes Unidos
Uruguay