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Informe estratégico sobre Argentina

Número 83 17 de febrero 2021

Economía electoral: la crisis comenzó a carcomer la base electoral del gobierno

Alberto Fernández transita su quinceavo mes de gobierno con un sabor agridulce de lo alcanzado hasta ahora y honda preocupación por el futuro. En el lado del haber, el presidente observa que pese a la pandemia y el parate económico, el gobierno no ha perdido el control de la calle. El apoyo de los sindicatos, los movimientos sociales y la Iglesia constituye una salvaguarda invalorable sin la cual la gobernabilidad sería una quimera diaria. El blindaje sindical es una extensión de la unidad peronista, hoy por hoy el principal activo político con el que cuenta el presidente. Es que más allá de las tensiones lógicas que atraviesan la coalición de gobierno, no se adivina en ninguna de las facciones que integran el Frente de Todos impulsos autodestructivos o planes de escisión. Los años en el llano parecen haber obrado como un poderoso sedante para los enconos personales que hasta hace poco se enrostraban todos los actores relevantes del peronismo.

por Nicolás Solari

Politólogo, Máster en Opinión Pública por la Universidad de Connecticut y Director de Real Time Data

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Unidad y control de la calle son elementos esenciales pero insuficientes frente la compleja trama social y económica que atraviesa a la exhausta sociedad argentina. Son esenciales porque sin ellos el gobierno estaría discutiendo la gobernabilidad del día a día, pero insuficientes porque por si solos no aseguran la supervivencia del proyecto.

El Monitor Mensual de Opinión Pública de Real Time Data viene registrando de forma sostenida una erosión permanente de los indicadores de apoyo gubernamental. Desde la cúspide de su popularidad, en abril del año pasado, el Presidente perdió 36 puntos de apoyo y en febrero perforó por primera vez el piso de los 40 puntos. Esa gigantesca sangría de capital político tiene dos momentos diferenciados: de mayo a septiembre de 2020, el gobierno perdió el apoyo de los votantes opositores que habían decidido respaldar al presidente ante la emergencia de la pandemia; de octubre en adelante el oficialismo comenzó a perder apoyos dentro de su misma base electoral. El último trabajo de Real Time Data, registra que el 26% de quienes votaron al Frente de Todos en octubre de 2019 desaprueba el modo en que Fernández está gobernando.

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El enfriamiento de la relación de Fernández con la opinión pública obedece lógicas diferenciadas. Para los votantes opositores la defección al proyecto de Fernández coincide con el desdibujamiento de la identidad presidencial en iniciativas asociadas al ADN cristinista. Con la fallida estatización de Vicentín, el proyecto de reforma judicial, el hostigamiento a la Corte y el enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta, se fue realimentando una grieta que terminó privando a Fernández del apoyo pasivo de un gran número de votantes opositores. Para quienes en 2019 apoyaron la boleta del Frente de Todos, los motivos del desencanto tienen una raigambre económica que se relaciona con la profundidad del parate económico primero, la finalización de los programas de ayuda estatal como el IFE y el ATP después, y la disparada inflacionaria en las semanas recientes. De acuerdo a los datos de Real Time Data, durante febrero un 59% de los argentinos dijo que el principal problema que los afecta de forma directa es económico, porcentaje que fue por primera vez más elevado entre los simpatizantes del gobierno (66%) que entre los opositores (54%). El horizonte tampoco es alentador: sólo uno de cada diez encuestados confía que la economía se normalizará este año.

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El poder solvente de la economía sobre el electorado oficialista se erige como una amenaza de cuidado en el inicio de un año electoral en el que el gobierno aspira a confirmar la viabilidad de su proyecto de poder. De allí, la premura de Fernández por recomponer salarios y jubilaciones, posponer recortes de presupuesto, procrastinar el acuerdo con el FMI, reducir la carga impositiva de ganancias y amesetar el crecimiento de la inflación que, de acuerdo a Real Time Data, es la principal urgencia económica de la gente.    

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Las elecciones de medio término suelen prestarse a variadas lecturas y la de este año no será la excepción. En este sentido, hay múltiples claves con las que interpretar el veredicto de las urnas. El más concreto es probablemente el menos relevante. En términos institucionales la elección pondrá en juego 127 bancas en la Cámara Baja y 24 en el Senado. La matemática indica que el oficialismo mantendrá su mayoría en la Cámara Alta, sin importar lo que pase, y que probablemente se quede corto de alcanzar el quórum en Diputados. Nada cambiará demasiado en los hemiciclos del Congreso. Tampoco el resultado será un oráculo fiel de ningún futuro. Los triunfadores de las legislativas de 2009, 2013 y 2017 no pudieron hacer pie en las presidenciales posteriores.

La cuestión central que exhibe la elección de este año es su aspecto refrendario: ¿Cuán sólida es la amalgama que une a cristinistas, massistas, peronistas del interior, sindicalistas y movimientos sociales? ¿Existe una mayoría social dispuesta a votarlos de nuevo?

Las encuestas de Real Time Data indican que el oficialismo tiene en este inicio de año un piso electoral de 35% que puede estirarse hasta los 40 puntos en un cálculo conservador. Son guarismos que señalarían un retroceso de casi 10 puntos con la performance de 2019, pero que de todos modos podrían ser suficientes para resultar el espacio más votado del país (y también de la Provincia de Buenos Aires).

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En este contexto, -y mientras se evite una crisis socioeconómica mayor- no existen incentivos para la fractura de la coalición gobernante. La ley de hierro redescubierta por Cristina Kirchner en mayo de 2019 postula que si las diferentes tribus peronistas se mantienen unidas, la derrota electoral es improbable.

La misma premisa no aplica sin embargo para la oposición. La unidad de Juntos por el Cambio, que hoy por hoy está en riesgo por la emergencia de propuestas liberales por fuera del espacio- es condición necesaria pero insuficiente para ganar la elección. Para aspirar al triunfo, la coalición opositora necesita de al menos uno de dos factores accesorios: o la división del peronismo o la eclosión de una crisis social de magnitud. Frente las condicionalidades del futuro, son los opositores -o al menos algunos de ellos- quienes tienen menores incentivos para mantener a rajatabla la unidad del espacio.

De todos modos, las defecciones no son gratuitas. El diseño electoral argentino, con sus PASO y sus generales, suele terminar castigando a quienes se lanzan a aventuras electorales por fuera de las grandes estructuras. Paradójicamente, o no, los efectos más concretos de las escisiones son el debilitamiento del espacio original antes que la cristalización de un nuevo espacio de poder. La candidatura de Florencio Randazzo en las elecciones bonaerenses de 2017 es enormemente ilustrativa al respecto: capacidad de daño al espacio original y recompensas parciales o nulas para quienes se escinden.

Así las cosas, el gobierno de Fernández se juega buena parte de su supervivencia política en los meses por venir. El explosivo cóctel que combina pandemia, declive económico y mal humor social ya ha barrido con varios gobiernos de la región y amenaza con seguir adelante. La unidad y el control de la calle son las herramientas con las que cuenta el gobierno para capear el temporal, pero hasta ese kit elemental podría colapsar si la economía continua carcomiendo la base electoral del oficialismo.

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